El laberinto de IKALOIL: entre el banquillo de los acusados y PEMEX

 Mi Opinión

El laberinto de IKALOIL: entre el banquillo de los acusados y PEMEX

ANTONIO CARRERA Resulta un verdadero monumento al cinismo empresarial ver cómo corporativos atrapados en el ojo del huracán judicial pretenden seguir operando con total normalidad en las altas esferas de los contratos públicos. El caso de las firmas hermanas Ikaloil, S.A. de C.V. e Ikaloilmx Integrity Services, S.A. de C.V., ambas inscritas en el Registro Público de Comercio de Villahermosa, Tabasco, es un vivo ejemplo de cómo los litigios comerciales, los pleitos de pasillo y las acusaciones criminales conviven sin pudor con la voracidad por ganar licitaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex). La historia documental de estas empresas dibuja un mapa plagado de movimientos abruptos y presuntos desfalcos. Por un lado, tenemos a la primera sociedad, Ikaloil, nacida en 2018 bajo el nombre original de IkalOil. Su historial revela una asamblea extraordinaria en 2021 donde la socia Alfonsina Sánchez Coello cedió gratuitamente la totalidad de sus acciones a Andreina Coromoto Graterol Velásquez. Sin embargo, para septiembre de 2024, las tensiones estallaron: la misma Andreina Graterol, presidiendo la asamblea, revocó de manera fulminante el cargo de Administradora Única a Elizangel del Valle Jiménez Rosas, acusándola abiertamente de "desinterés" e inacción al negarse su apoderada (Isabel Gamas Martínez) a rendir los informes financieros y de actividades de la empresa. Por el otro extremo del entramado aparece Ikaloilmx Integrity Services, constituida en 2021 por Jesús Manuel Núñez Astudillo. En una polémica sesión de junio de 2024, Núñez Astudillo dejó la administración de la compañía en manos de Adela Beatriz Velásquez Bastidas, tras cederle un paquete masivo de 360 acciones valoradas en 360 mil pesos. Esta misma Adela Beatriz Velásquez Bastidas es quien hoy figura en los estrados judiciales enfrentando un espinoso juicio Ejecutivo Mercantil (bajo el expediente 003222024 en la Segunda Secretaría), promovido precisamente por el antiguo dueño, Jesús Manuel Núñez Astudillo.

Mientras los tribunales mercantiles y las notificaciones por estrados siguen su curso, y las asambleas corporativas ventilan el descontrol financiero interno, estas entidades pretenden mantener un rostro limpio e imperturbable frente a la Unidad de Responsabilidades de Pemex. Es inadmisible que empresas que se arrebatan las administraciones por desconfianza mutua, que arrastran litigios ejecutivos entre sus propios fundadores y cuyas cabezas se acusan indirectamente de opacidad institucional, continúen utilizando el currículum de profesionistas e ingenieros locales para competir por contratos multimillonarios en el sector energético. La lección que deja el laberinto de las empresas Ikaloil es clara: la infraestructura y la riqueza petrolera del país no pueden seguir expuestas a consorcios debilitados por fracturas legales internas y disputas de poder. Si una compañía ni siquiera puede garantizar orden, transparencia y buena fe en sus propias actas de asamblea, ¿con qué solvencia moral y técnica pretende garantizar la integridad de los contratos de la principal empresa productiva del Estado? Pemex y sus órganos de control tienen la última palabra.

EL ALCANCE DEL BRAZO JUDICIAL El conflicto ha dejado las oficinas corporativas para trasladarse al terreno de las acciones judiciales de alto impacto. Recientemente, un fuerte operativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco culminó con el cateo y aseguramiento de indicios en la casa número 7, ubicada en la calle “Candado” del Fraccionamiento “Puerta Grande”, en la Ranchería “Lázaro Cárdenas” Primera Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco (Código Postal 86287). El domicilio, vinculado directamente con los movimientos residenciales y de representación de Adela Velázquez Bastidas, Jesús Núñez Astudillo y Andreina Graterol Velásquez, se convierte en el epicentro físico de una trama que ya no solo se disputa con papel sellado, sino con el rigor de la investigación criminal. Cabe señar que si las investigaciones vigentes de la Fiscalía por falsificación de documentos, curriculares falsas y desvío de recursos configuran delitos patrimoniales o fraude en contra de Pemex o de terceros para simular experiencia técnica resultan ciertas, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen la obligación de inhabilitar a las empresas y a sus accionistas de manera inmediata.

Además, el Juicio Ejecutivo Mercantil activo entre los propios fundadores (Jesús Núñez contra Adela Velázquez / Ikaloilmx) pone en evidencia el riesgo de insolvencia y la inestabilidad de la administración única de la compañía, lo que, en caso de participar en nuevas licitaciones, Pemex tendría la obligación de rechazar sus propuestas en las etapas de evaluación financiera y legal debido al alto riesgo de incumplimiento del contrato.

CON ORIGEN VENEZOLANO En base a la información contenida estrictamente en los documentos registrales los protagonistas de este escándalo son: Andreina Coromoto Graterol Velásquez: mexicana por naturalización, de profesión Licenciada en Administración y originaria de Nueva Esparta, Venezuela. Jesús Manuel Núñez Astudillo: mexicano por naturalización, de profesión Ingeniero Petrolero y originario de Punceres, Distrito Bolívar, Estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela. Elizangel del Valle Jiménez Rosas: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en la escritura constitutiva de la sociedad. Lauren Fernanda Lemus Velázquez: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en el Registro Público de Comercio.