Miguel Ángel Aguilar Lozada, el ex directivo de PEMEX Exploración y Producción se fue impune pese a los señalamientos de enriquecimiento ilícito.
Por unanimidad magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México rechazaron solicitud de la SFP para reactivar investigación contra Miguel Ángel Lozada Aguilar
REDACCIÓN
Una investigación por un enriquecimiento ilícito de 29 millones 750 mil 495 pesos en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), quien fue implicado en la Estafa Maestra, fue archivada en forma definitiva.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió en la última instancia judicial el amparo con el que pretendía revocar el no ejercicio de la acción penal y obligar a que la Fiscalía General de la República (FGR) reactivara la indagatoria contra Lozada.
Por unanimidad, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México determinaron que es improcedente la demanda de la SFP, al estimar que no tiene legitimación para recurrir al amparo, pues no es víctima ni ofendida y el archivo del expediente no afecta su esfera jurídica.
El colegiado ratificó que la legislación vigente señala que las entidades públicas pueden recurrir al amparo, siempre y cuando traten de combatir un acto que afecta su patrimonio, pero un "carpetazo" de la FGR no cabe en esa hipótesis.
Desde principios del sexenio, la contraloría federal denunció a Lozada ante la FGR porque detectó que entre 2013 y 2018 registró un incremento patrimonial aparentemente injustificado por 29.7 millones en sus cuentas bancarias y la compra de vehículos.
La Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito; sin embargo, el 24 de julio de 2020 concluyó que no había elementos de delito, y dictó el no ejercicio de la acción penal.
Se fue impune
De acuerdo con su última declaración patrimonio, Lozada Aguilar poseía inmuebles que fueron adquiridos a precio de ganga como una propiedad de 300 metros de construcción que supuestamente fue adquirida a un precio de 225 mil pesos cuando un inmueble de ese tipo en el mercado ronda los 7.5 millones de pesos. Adquirió igualmente un terreno de 600 metros cuadrados en solo 165 mil pesos.
Compró un departamento en Country Tower por el que pagó en un crédito de 3 millones 745 mil 966 pesos.
Otro inmueble, con una superficie de construcción de 120 metros cuadrados a precio de ganga de 327 mil pesos; y otro terreno de 34 mil 468 metros cuadrados en un precio de 365 mil 620 pesos; otro terreno de 924 metros cuadrados valuado en 337 mil 260 pesos.
De acuerdo con su defensor, Luis Fernando Hernández, del despacho Requena y Asociados, en este asunto acreditaron el origen de los recursos y resultó que Lozada incluso había obtenido préstamos de Pemex para adquirir los vehículos cuya propiedad le cuestionaban.
“Lo que se demostró fue que el señor sí justificó el origen de los recursos que para la SFP no estaban acreditados. Y para ello, presentó un dictamen particular en materia de contabilidad, y la FGR dio intervención a sus peritos oficiales quienes determinaron que sí estaban acreditados el origen de esos recursos”, dijo el litigante.
Contra Lozada, la SFP presentó otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto desvío de más de 82 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra, pero el 2 de julio de 2019, la institución también determinó archivar esta indagatoria con la misma conclusión.
No obstante, la SFP también presentó un amparo contra esta resolución, y el fallo definitivo se encuentra pendiente.
El abogado de Lozada confió en que las autoridades judiciales confirmen en este asunto el mismo criterio adoptado en el caso de enriquecimiento ilícito, pues se trata del mismo supuesto en el que la SFP está facultada para denunciar a un funcionario, pero no para reclamar con un amparo el archivo de la indagatoria por falta de elementos.
“Ni son víctimas ni ofendidos, en términos de la Constitución y de la ley vigente aplicable, y tampoco tienen derecho a la acción constitucional de amparo cuando están en ese plano de supra subordinación respecto de los servidores públicos que denuncian”, explicó.
No miden con la misma vara
En enero pasado, la misma Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años al ex funcionario de Pemex Exploración y Producción, Luis Galván Arcos, debido a su relación con el esquema de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.
La dependencia informó que, tras un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el ex titular de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas durante 2013, 2014, 2015 y 2016; no declaró dos cuentas bancarias a nombre de su cónyuge por 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
La SFP también aseguró que Galván López se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex. En ese sentido, el funcionario infringió el artículo 8 fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; vigente al momento de los hechos.
Por otro lado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, reiteró que la declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas durante la administración actual.
“Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto”, agregó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario